Derecho a la justicia

La Constitución del Ecuador es probablemente la más avanzada del mundo, sobre todo por su carta de derechos humanos, 125 artículos referentes para cualquier codificación que se intente. También porque consagra organismos autónomos en funciones estatales clave, plenamente ciudadanizados y con mecanismos de control social.

Generar instituciones innovadoras supone batallas políticas tenaces, consensos amplios y profundos cambios culturales. En el referéndum del 7 de mayo se plantearon transformaciones fundamentales. Destaca la reforma integral de la función judicial que involucra decisiones de gran aliento casi nunca emprendidas en la región.

La tarea es a cargo de un Consejo de la Judicatura de Transición, en cuyo nombramiento concurrieron los otros poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Consejo de participación ciudadana y el Consejo Electoral. La supervisión corresponde a una veeduría nacional, integrada por más de 800 ciudadanos electos mediante concurso en todas las regiones y una veeduría internacional a la que fui invitado junto con otras seis personalidades iberoamericanas

El trabajo se extenderá por dieciocho meses y es tan arduo como comprometido. Aceptamos «acompañar el proceso para evaluarlo de modo objetivo e imparcial». Implicará al menos tres visitas a las provincias e innumerables diálogos con los actores involucrados, en particular los más reticentes, dos informes progresivos y un último con recomendaciones. Nombramos coordinador al juez Baltasar Garzón, el más informado y reconocido en la materia.

A más de las reformas legales, el ejercicio se compone de varios ejes: el talento humano, o sea la selección del personal judicial; el nuevo modelo de gestión, que obedezca a la pluralidad cultural y a la diversidad social; la infraestructura civil para la mayor descentralización y acceso a la justicia; el cambio tecnológico orientado a agilizar los procesos y reducir la discrecionalidad y finalmente la dotación financiera tendiente a elevar y homologar la calidad de los servicios.

Se parte de estructuras obsoletas, muchas de origen colonial, ausencia de estadísticas confiables, una cultura jurídica letrista y el predominio de la impunidad. Inquirimos sobre la necesidad socialmente sentida de la reforma y sus antecedentes. También sobre sus adversarios: sus intereses, razones y argumentos. Me atreví a externar que algunos habrán hablado de «tribunales revolucionarios». Solicité un informe sobre el proceso político que incide en las reformas.

Absortos en tan intenso ejercicio, nos sorprendió gratamente la noticia de que el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, había recibido la queja y solicitado la investigación respecto de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, interpuesta por el abogado Netzai Sandoval y secundada por 23 mil 700 firmantes, en la que se documentan 470 casos de torturas, asesinatos y reclutamiento de menores que se han producido en el «contexto de violencia sistemática que se ha tornado en crisis humanitaria, con más de 230 mil desplazados, 50 mil personas ultimadas y 10 mil desaparecidos».

La entrada de esa queja procede «cuando los Estados Nacionales no hacen las investigaciones». En este caso está dirigida contra el Presidente de la República, diversos miembros de su gabinete de seguridad y cárteles de la droga. No se puede todavía predecir el resultado de la investigación ni los términos de la sentencia, pero nadie podría negar la plena jurisdicción de la Corte ni el alcance histórico de una resolución favorable, tratándose de una estrategia dictada desde una gran potencia.

Asombró la respuesta elemental del Gobierno mexicano e indignó la amenaza de «proceder legalmente» contra quienes profieren «calumnias y afirmaciones temerarias» en foros en instancias nacionales e internacionales». Actitud por sí misma violatoria de derechos humanos consagrados en diversos instrumentos internacionales, en particular el derecho a la justicia.

La referencia al «buen nombre de México», «terriblemente afectado» por los denunciantes, recuerda las postrimerías de Díaz Ordaz, «el solitario de palacio» carcomido por el rencor. Aun es tiempo de rectificar y la sociedad debiera exigirlo con todo su poder.

Publicado el 3 de diciembre de 2011 en El Universal.