Para disimular la impunidad que permitió huir a dos acusados de abuso sexual y violación, el ex senador Jorge Franco pretende que la persecución a la pederastia oaxaqueña resulta meramente de la oposición al gobernador Ulises Ruiz, a quien suplió en Xicoténcatl en 2004
Hace un mes, que se cumple hoy, fueron dictadas órdenes de aprehensión contra dos profesores del Instituto San Felipe, en la ciudad de Oaxaca -uno de ellos esposo de la dueña del establecimiento- por abuso sexual y violación contra un menor, y no han sido detenidos, acaso por negligencia de la policía ministerial, o porque ha surtido efecto la amenaza que se imputa al abogado defensor de los acusados: "Mañana hablo con el gobernador y hasta la chamba van a perder", habría dicho a agentes encargados de detener a Hugo Gabriel Constantino y Salvador Pérez Ramírez.
Sí fue detenida, en cambio, la profesora Magdalena García Soto, señalada como cómplice de Constantino -marido de Yolanda León Ramírez, propietaria del instituto- y de Pérez Ramírez, profesor de computación de ese establecimiento. Ninguno de ellos, sin embargo, ha sido acusado de pornografía infantil, aunque según la versión del niño a partir de cuyo testimonio se hizo la denuncia el abuso en su contra era fotografiado, lo que hace presumir la difusión de las imágenes.
Según la fiscal especial de Delitos contra la Mujer de la Procuraduría oaxaqueña, Aida Gómez Piñón, se han presentado 70 denuncias de este género de abuso sexual. También dijo que sólo fueron consignados 30 de esos casos, tal vez porque prefiere que las familias de las víctimas lleguen a un acuerdo económico con los ofensores. Así lo sugirió a la madre del ex alumno del San Felipe, que rechazó el consejo, no obstante que fue reforzado con la observación de que la dueña del instituto "es muy influyente".
Si no ella, sí lo es su abogado, el ex senador Jorge Eduardo Franco Jiménez. Era el suplente de Ulises Ruiz en el Senado y en 2004 se convirtió en propietario cuando el ahora gobernador solicitó licencia para realizar su campaña. Su hijo Jorge Franco -que hizo méritos encabezando la invasión de la bodega del diario Noticias, en uno de los actos de hostigamiento contra ese periódico- fue secretario de Gobierno hasta el 14 de junio del año pasado, en que Ruiz lo despidió por haber fracasado en el desalojo violento con que pretendió poner fin al descontento en su contra y no hizo más que agravarlo.
Después de que el Senado adoptó el 11 de octubre un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a hacerse cargo de los casos de pederastia y pornografía infantil, Franco Jiménez firmó una carta dizque para desmentir la forma en que ese diario ofreció la información senatorial. En realidad quiso darle un tono político a la denuncia contra sus clientes, tras de la cual, afirmó, "se esconden intereses oscuros como los que prohijaron la problemática del año anterior en nuestro estado y que ahora quieren utilizar nuevamente ese conflicto para incentivar resentimientos sociales a costa de la dignidad de un menor, lo cual lamentamos profundamente, pero no impedirá dar a conocer en su oportunidad el porqué de tantos individuos interesados en apoyar un hecho que lesiona los más elementales derechos del menor para beneficios grupales, políticos o de competencia educacional".
Franco Jiménez citó diagnósticos médicos extemporáneos, practicados mucho tiempo después de la última agresión sufrida por la víctima, que "justifican que el menor no ha sido violado y que demuestran además lo inverosímil, así lo denominan en el dictamen de los hechos narrados por la víctima y tres médicos que utilizó para ese fin". Con notoria mala fe, fruto quizá de su convicción de que en la guerra como en el litigio penal la mejor defensa es el ataque, Franco Jiménez alude a "varias averiguaciones previas que demuestran los antecedentes conductuales de (aquí el nombre de la madre de la víctima) sobre el mismo tema".
Que el abogado cuente con información sobre averiguaciones previas referidas a la señora que denunció a los pederastas confirma la suposición de que cuenta con la complicidad de la Procuraduría de Justicia estatal. No obstante, niega que eso ocurra, pues de lo contrario no se hubiera hecho, dice, la consignación del caso "con la premura que se hizo". Su concepto de la prisa es muy singular, pues dicha consignación ocurrió cuatro meses después de iniciada la indagación ministerial. Tampoco ha sido apresurada la actuación de la Comisión estatal de Derechos Humanos, cuyo presidente, Jaime Mario Pérez Jiménez, pariente de Franco Jiménez, ha esperado con prudencia cercana a la indolencia que se conteste a sus solicitudes de información. Al responder en esos términos una entrevista con Carmen Aristegui, le sugirió que la próxima vez que le llame lo haga en horas de oficina, pues lo había molestado temprano, poco antes de las siete de la mañana. Quizá ésa sea una condición para ser ombudsman: no preocuparse en exceso por los casos a su consideración, para que ni siquiera los más delicados le quiten el sueño.
Se han denunciado también otros casos, cuatro de siete probablemente ocurridos, en el Instituto Miguel de Cervantes de Etla, en las inmediaciones de la capital oaxaqueña. La edad de los niños victimados y el relato que hacen de su infortunio configuran un patrón de conducta que obliga a pensar en delincuencia organizada. Otro dato común es la impunidad: el agresor en este caso, esposo también de la dueña de la escuela, Domingo Ramírez Ramírez, goza de libertad bajo fianza después de haber sido detenido por horas en mayo y en julio, cuando se le acusó de delitos que al ser reclasificados le permitieron quedar libre, acaso para continuar sus fechorías.
Cajón de Sastre
Gerardo Fernández Noroña fue ya suspendido de una de sus funciones en el Comité Nacional del PRD debido a su confusión entre las expresiones personales y las que debían ser atribuidas al partido. Era vocero de la dirección nacional y esa tarea tuvo que ser tomada para sí por el propio presidente Leonel Cota. Mantiene, sin embargo, su papel como secretario de Comunicación Social y se beneficia para sus fines personales de la atención que en ese carácter le dispensan los medios. Por lo tanto, debía renunciar a esa condición dentro del Comité Nacional para que sus expresiones impertinentes e inaceptables tengan la difusión que se da a cualquier militante de ese partido. Además de su intemperancia, resalta la misoginia en los juicios que asesta contra la diputada Ruth Zavaleta. No de otro modo se explica su silencio frente al ofrecimiento de legitimación por desempeño que ha formulado el senador Carlos Navarrete al presidente Felipe Calderón. Es que Fernández Noroña no come lumbre.
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